La Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal), el pasado mes de junio, a través de una nota de prensa, salía en defensa de los archiveros que desarrollan su trabajo en el Centro Documental de la Memoria Histórica (como ya lo había hecho y publicado con los que habían estado antes, cuando se llamaba Archivo General de la Guerra Civil). Acal difundía la nota ante los numerosos comentarios e insidias aparecidos en los medios de comunicación de Salamanca y Castilla y León y, especialmente, por la interposición de una denuncia “por privar sin causa alguna del ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución y las Leyes” al director del centro. La judicialización suponía una novedad, pues nunca antes en esta “controversia de los papeles de Salamanca” se había denunciado a ningún archivero y al hacerlo además por la vía penal se perseguía algo más que la simple revocación de una decisión administrativa de denegación de acceso.