Dejando a un lado la incontestable irregularidad (rayana en la ilegalidad) que supone que cualquier fundación privada conserve documentación de carácter público, asombra que las que presumen de gestionar archivos privados o personales lo hagan de forma parcial e interesada, con fines más cercanos a la propaganda laudatoria de su titular que a esa transparencia que algunas tanto proclaman