Cuesta imaginar una acción más terrible que robarle la dignidad a un niño. Más inhumano resulta, si cabe, cuando los responsables de semejante afrenta forman parte del sistema gubernamental de un país.
En esta tesitura, Canadá revive ahora uno de los episodios más sombríos de su historia. No es noticia que desde mediados del siglo XIX, y durante más de cien años, hasta 150.000 niños aborígenes, integrantes de las llamadas Naciones Originarias de Canadá y de las etnias Inuit y Métis, fueron separados de sus familias y obligados a asistir a escuelas residenciales repartidas por todo el país. Estas instituciones, financiadas por el Gobierno y por diferentes iglesias -presbiteriana, anglicana, católica, etc.-, perseguían un fin muy concreto: el adoctrinamiento de los niños nativos mediante la tajante separación de sus familias, la supresión de su entorno cultural o la prohibición de hablar su lengua y practicar su religión. Aterra pensar que no estamos hablando de algo relativamente lejano en el tiempo. La última de estas escuelas, situada en el lugar de Lebret, Saskatchewan, cerró finalmente sus puertas en los años 90 del siglo XX.