El concepto “reforma” de las administraciones públicas es un proceso recurrente e inacabado, que podríamos caracterizar como una alineación, más o menos consistente, de los actores implicados para provocar transformaciones hacia modelos de gestión más cercanos a nuestro tiempo, actualizaciones organizativas y normativas, mejoras de los servicios y de su financiación, etc., proceso que ahora es aún más evidente, por razones obvias derivadas del despliegue y uso masivo de las TIC’s como recurso estratégico de los nuevos servicios públicos prolongados hasta la vida cotidiana de los ciudadanos, de su entorno relacional o de los servicios relacionados con su bienestar.