La reciente presentación en sociedad del archivo del expresidente Felipe González, de la mano de la Fundación que lleva su nombre, ha generado, no sin razón, numerosas quejas entre los profesionales de la archivística. Una vez más, el Estado se ve privado de una documentación que le pertenece y debe gestionar. Las argumentaciones dadas por la Fundación no reflejan la realidad, además de ignorar leyes fundamentales en la conservación de nuestro patrimonio documental.