El estado de alarma no puede ser entendido como un cheque en blanco o como una autorización para suspender derechos fundamentales como la libertad de información. Se atribuyen potestades extraordinarias a los poderes públicos y, en la misma medida, la transparencia también debe ser excepcional. Cuanto mayor es la información que se comparte con la ciudadanía, mayor es la confianza hacia las instituciones públicas y menor es la alarma social y las noticias falsas que sufren las personas.