Los documentos sujetos a investigaciones parlamentarias, policiales y judiciales, o que pudieran dar pie a estos trámites, parece que son sometidos por quienes tiene un control de carácter partidario a unos procedimientos de selección y de eliminación alejados de lo establecido en leyes y normas de diverso tipo y rango; la percepción que se alcanza es que quienes practican la destrucción de esta documentación aplican las indicaciones de aquellas empresas especializadas en la destrucción de documentos, olvidando la normativa existente sobre el documento público, los archivos y las comisiones calificadoras de documentos.