Estupor y rabia. Eso fue lo que los archiveros sentimos cuando, en el escaso intervalo de un mes entre una y otra, nos encontramos en prensa con dos noticias en las que se evidenciaba que los archivos eran tratados prácticamente como “celdas de castigo” para ciertos individuos que no respetaban como debían las normas de conducta sociales. Cuando una autoridad judicial o eclesiástica decide que un servicio esencial como son los archivos en cualquier institución puede ser el destino perfecto para el aislamiento o el destierro de quienes incumplen las leyes, es que algo estamos haciendo todos mal, nosotros los archiveros al no denunciarlo a través de nuestras asociaciones profesionales, y la sociedad en general al ignorarnos y suponer que estamos ahí para cosas como estas.