La reciente orden del Instituto de Historia y Cultura Militar impidiendo la consulta de la documentación de la Guerra Civil Española (1936/1939) que tenga marcas de ‘secreto’ o ‘reservado’ pone nuevamente de manifiesto la urgente necesidad de una reforma de la regulación de la documentación reservada. Luis Manuel Miranda López, Letrado del Congreso de los Diputados, analiza el régimen jurídico de los secretos oficiales y las líneas que deben caracterizar la reforma de esta materia. En primer lugar, sobre la competencia de la clasificación de los documentos, que se debe trasladar la desde la Junta de Jefes de Estado Mayor al Gobierno y, en segundo los plazos máximos para el mantenimiento del secreto o de la reserva, prescribiendo la desclasificación automática trascurrido un periodo de tiempo (25 años prorrogables motivada y excepcionalmente por otros 10 años) como ocurre en el resto de los países de nuestro entorno.
