Es evidente que los archivos no son ajenos a la protección de datos personales y que deben aplicar la ley y sus normas de desarrollo. La Ley Orgánica de Protección de Datos permite el tratamiento ulterior de datos personales con fines de archivo sin que ello suponga minorar en forma alguna la tutela jurídica de la privacidad. No obstante un aplicación simplista ha llevado muchas entidades a adoptar medidas para destruir sus documentos con datos personales. Para solventar esta problemática José Luis Domínguez aporta algunas pautas con las que mantener el equilibrio entre la conservación de la documentación y la garantía de la privacidad.
