En relación con los problemas para el ejercicio del derecho de acceso a documentos y archivos en España, nos centraremos en el estudio de las competencias de las Comisiones calificadoras o de valoración, creadas por la Administración General del Estado, a partir del mandato de la Ley de Patrimonio Histórico Español, y en las Comunidades Autónomas.
Analizaremos sus competencias, funciones y composición, veremos las diferencias con los órganos creados en otros países del entorno europeo, y su relación con las Agencias de Protección de Datos.
Estudiaremos la vinculación entre las tareas de valoración y la determinación de los plazos de acceso, con respecto a la normativa de Protección de Datos, como parte de una adecuada gestión documental, básica para facilitar la transparencia.
Para finalizar, en relación con los problemas y lagunas legales detectados por la doctrina jurídica, los archiveros y los investigadores y usuarios de archivos, veremos algunas soluciones y propuestas de actuación derivadas de las labores de asesoramiento y dictamen de estos órganos colegiados.