En Cataluña la Ley de Archivos y Documentos del año 2001 atribuyó a la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental (CNAATD) las funciones de establecer el régimen general de acceso a la documentación de las administraciones públicas catalanas. La Comisión también tiene la competencia de emitir informes de carácter no vinculante a reclamaciones que los ciudadanos puedan solicitar cuando vean vulnerado su derecho de acceso a la documentación y también puede emitir informe para permitir el acceso a series documentales de acceso restringido.
Desde el año 2008, año en que se aprueba el decreto que desarrolla el acceso, es cuando se empiezan a ofrecer unos primeros resultados en esta materia. Algunos factores, que se describen en la comunicación, como la dificultad que ha supuesto conjugar el acceso con la valoración, el cambio de perfiles de los componentes de la comisión, el carácter no vinculante de sus informes, el desconocimiento de los ciudadanos de la existencia de la comisión, la existencia de otros organismos con competencia en acceso, etc. no han permitido su eclosión.