Difundidos los textos del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas que suponen el marco teórico para una política de gestión de documentos electrónicos, las organizaciones han de elaborar los respectivos reglamentos para su correspondiente aplicación práctica. Analizamos desde un punto de vista personal y archivístico dos documentos al respecto: el Reglamento de la Diputación de Valencia y la Norma reguladora de gestión de documentos electrónicos del Ayuntamiento de Cartagena que, naturalmente, respetando aquellos textos y manteniendo algunas de sus deficiencias archivísticas, aportan alguna diferencia y, lo que es más significativo, manifiestan diferencias entre ellos. Después de analizar estos documentos insistimos, por una parte, en la necesidad de contextualizar sin ambigüedad, ni discrecionalidad, el concepto, el tiempo, el espacio y los agentes de la gestión de los documentos electrónicos y de establecer las relaciones con el ciclo vital y, por otra, de reflexionar sobre el papel de los archiveros en dicha gestión.
