La ola de descontento popular y de manifestaciones contra la crisis económica mundial ha mostrado cómo, desde Túnez a Egipto, de Madrid a Nueva York, el activismo 2.0 ha contribuido a “globalizar” las demandas sociales de transparencia y acceso a la información pública. En esencia, este artículo se centra en el examen de este fenómeno en España y hace hincapié en dos aspectos fundamentales. Por un lado, se analizará, a la luz del Derecho comparado e internacional, el estado actual de la regulación española del derecho de acceso (el llamado “derecho a saber”) y cómo una legislación defectuosa e insuficiente genera prácticas de opacidad en la administración pública, que ha hallado un amplio eco en una interpretación restrictiva de la jurisprudencia española. Por otro, se pondrá especial hincapié en el potencial impacto que las TICs y las herramientas 2.0 pueden tener en la transición hacia un nuevo concepto de gobernanza basado en los principios de transparencia, acceso a la información relevante, responsabilidad y rendición de cuentas de agentes públicos y privados, y en la participación real de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones sobre las políticas públicas.