La ponencia se centra en un estudio pormenorizado del proceso de elaboración del Capítulo IV relativo al Procedimiento de acceso del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.
Tras un análisis general de los puntos fuertes y débiles del citado Real Decreto y de los obstáculos y problemas surgidos antes de su aprobación, se señala la regulación del Sistema Español de Archivos y del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado, junto con la creación de sus órganos de cooperación y coordinación, como uno de los objetivos alcanzados y que estaban pendientes de desarrollo normativo.
En epígrafes posteriores se aborda uno de los problemas principales surgidos en el proceso de tramitación del Real Decreto, a saber, las continuas interferencias con la normativa sobre acceso y transparencia, que estaba desarrollando el Ministerio de la Presidencia. Se estudia detalladamente el impacto que los sucesivos proyectos del citado Ministerio de la Presidencia (anteproyecto de Ley de Acceso y Transparencia, proyecto sobre el Derecho de Acceso y Ley de la Memoria Histórica y proyecto de Real Decreto de Acceso) tuvieron sobre el Real Decreto 1708/2011. Se incorpora asimismo un análisis detallado de todos los estudios, propuestas e informes aportados por la Subdirección General de Archivos Estatales en aras de estructurar un procedimiento de acceso para los documentos y archivos de la Administración General del Estado, desde principios comunes, clarificadores y aperturistas, siendo especialmente relevante la propuesta presentada por el Grupo de Trabajo ad hoc, integrado por representantes de diferentes departamentos ministeriales.
Posteriormente se analizan informes claves para entender los resultados contenidos en el Capítulo IV elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos así como el significativo Dictamen del Consejo de Estado de 2011. También se señalan otros informes relevantes de distintos departamentos ministeriales presentados en el último trámite de audiencia del Real Decreto.
Se concluye con una valoración del citado Capítulo IV en el que se analizan sus posibles avances, pero sobre todo los nuevos problemas que su interpretación y aplicación puede suponer en materia de acceso. Pese a los esfuerzos realizados, la realidad no ha colmado el deseo y se considera que sigue siendo necesaria una Ley de Acceso y Transparencia como derecho constitucional de los ciudadanos en un país democrático.