En cualquier Estado democrático la transparencia del sector público es imprescindible y una de sus herramientas es el acceso a los documentos en los archivos, con las limitaciones legalmente aplicables por razones de interés público y privado. En España, sin embargo, el régimen jurídico de este derecho es confuso, con normas inconexas, ambiguas o poco favorables a su ejercicio que provocan inseguridad jurídica tanto en usuarios como en responsables públicos. La tendencia al secretismo y la indeterminación de conceptos dificultan las soluciones al conflicto entre acceso y, por ejemplo, intimidad o protección de datos personales, y agravan los problemas para ponderar la prevalencia de un derecho u otro, según los casos. Las deficiencias o escasez de infraestructuras y medios en los archivos también empeoran la situación. El reciente Real Decreto 1708/2011, en el ámbito de la Administración General del Estado, pretende clarificar la situación pero presenta problemas importantes.